Antich, segundo por la izquierda, junto a los nuevos consejeros. | EFE
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El presidente balear aprobará una nueva ley contra la corrupción
PALMA.- El presidente del Gobierno balear, Francesc Antich, descartó ayer presentar una cuestión de confianza a su gestión en el Parlament balear, al tiempo que su ejecutivo aprobará el viernes una ley a favor de la transparencia y legalidad en la gestión de los entes públicos, y del dinero que gastan. Tras la expulsión la pasada semana de Unió Mallorquina (UM) del Ejecutivo autonómico, los nuevos consellers tomaron posesión ayer por la mañana de sus cargos en el Consolat de Mar, sede del Ejecutivo, momento que Antich aprovechó para desafiar al PP a que si tiene una alternativa mayoritaria, plantee una moción de censura. Antich solicitó a la oposición que realice su tradicional función de "control", pero que "deje trabajar" al Gobierno. "Por mí, no será", aseguró. En opinión del presidente, adelantar las elecciones autonómicas crearía "más desconfianza" en los distintos sectores sociales y económicos de Baleares y en la ciudadanía. Gobernar en minoría tras la expulsión de UM supondrá un "sobre esfuerzo de escuchar a todos", manifestó Antich, para quien solo el Govern tiene una mayoría parlamentaria estable. Joana Barceló asumió su nuevo cargo de consellera de Turismo y seguirá como portavoz del Ejecutivo; Pere Aguiló, de Trabajo y Formación; y Gabriel Vicens, de Medio Ambiente y Movilidad. Vicens prometió cumplir con su nueva responsabilidad "sin renunciar al derecho a la autodeterminación de las Islas Baleares", como es habitual en los altos cargos del Bloc, formación nacionalista de izquierda. Junto a esta remodelación, el Ejecutivo insular anunció que negociará a partir de hoy con UM y PP el proyecto de Ley del Sector Público, que está previsto que esté vigente en seis meses y cuya finalidad es garantizar la transparencia y legalidad en la gestión de los entes públicos de las islas, y del dinero que emplean. El conseller de Presidencia y Juventud, Albert Moragues, informó ayer de que el texto será aprobado el próximo viernes por el Consejo de Gobierno para iniciar su tramitación parlamentaria, al tiempo que mostró su confianza en que UM lo apoye porque hasta hace unos días "estaba" de acuerdo y sería una "sorpresa desagradable" no disponer del respaldo del partido nacionalista o de los populares. El Ejecutivo dio cuenta ayer de esta nueva iniciativa legislativa contra la corrupción, y recordó que el cien por cien de los presuntos casos de corrupción que se han conocido hasta ahora tienen como protagonistas a entes públicos, caso de Bitel, Turisme Jove, Palma Arena, Inestur o Imet. Después de la expulsión de UM, el Ejecutivo pretende controlar el gasto de los entes públicos y la "picaresca" en la aplicación de la Ley de Contratos.
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