Reunión de la Comisión institucional contra la línea celebrada ayer en Benabarre. | E.F.
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La Comisión institucional se reúne en Benabarre
BENABARRE.- La Comisión institucional que integran representantes políticos aragoneses y catalanes afectados por el proyecto de la línea de alta tensión Monzón-Peñalba-Isona se reunió ayer en Benabarre para estudiar las próximas acciones a llevar a cabo en contra de esta infraestructura. Este grupo, constituido la pasada semana, reiteró ayer su rechazo al proyecto de Red Eléctrica Española, a la vez que acordó unificar las alegaciones en contra del mismo presentadas por los municipios afectados de cara a elaborar un documento jurídico y técnico con el que empezar a canalizar su oposición. El salón de plenos del Ayuntamiento de Benabarre acogió a partir de las 13 horas el encuentro, que se prolongó durante algo más de una hora y que contó con la presencia, por parte aragonesa, de los alcaldes de Graus, María Victoria Celaya, y Benabarre, Alfredo Sancho, y el diputado provincial y alcalde de Tamarite, Francisco Mateo. La alcaldesa de Alcolea, Mónica Lanaspa, excusó su presencia en la reunión, aunque también ha pasado a formar parte de la comisión constituida la pasada semana. Desde el lado catalán, estuvieron en Benabarre el alcalde de Tremp, Víctor Orrit, acompañado por Josep Castell, Xavier Pont y Bonifassi Colomina. En representación de los noventa municipios afectados por el proyecto de la Monzón-Peñalba-Isona, de los cuales 76 están en la zona oriental del Alto Aragón y los 14 restantes en la provincia de Lérida, la comisión manifestó de nuevo su "rechazo" al proyecto, como coincidieron en señalar los alcaldes de Graus y Benabarre tras el encuentro. Asimismo, la reunión en Benabarre sirvió para "poner en común las alegaciones presentadas por los distintos ayuntamientos al proyecto de la línea". A su juicio, el documento elaborado por Red Eléctrica incluye "omisiones e imprecisiones", como se recoge en las alegaciones presentadas por los consistorios aragoneses y catalanes, y "el objetivo es unificarlas plasmándolas en un documento que permita analizarlas de forma conjunta". Aunque los munícipes consultados no pudieron precisar el número de alegaciones, cabe señalar que la mayoría de los Ayuntamientos afectados han presentado alegaciones y que, como exigía la normativa, la tramitación de las mismas se hizo el pasado mes de diciembre. La primera fase de unificación de alegaciones impulsada por la Comisión institucional se realizará de forma individual en ambas provincias, recopilando las alegaciones altoaragonesas por un lado y las ilerdenses, por otro. Una vez realizada esta labor, está previsto elaborar un estudio jurídico y técnico común en el que se argumente el rechazo a la línea y se explique cómo afectan dichas alegaciones al trazado propuesto por Red Eléctrica Española. La Comisión volverá reunirse cuando se disponga de los documentos para continuar trabajando, si bien no pudieron avanzar cuándo se celebraría el encuentro.
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